Desde esta sección sindical queremos dejar constancia de que no nos ha parecido correcta la forma en la que se han llevado a cabo las negociaciones. Segmentando las materias a negociar y enfocando la consecución de acuerdos a unas cuestiones, que aunque consideramos importantes no debieran haber sido desvinculadas del resto. Primero porque estamos hablando de la negociación de un convenio, que es un todo, y no de modificaciones, interpretaciones, etc. y en segundo lugar, porque de esta manera se acentúa la posición de superioridad de una parte respecto de la otra en la negociación, que debería tener lugar en un plano de igualdad. Si a esto se añade su materialización a través de sesiones técnicas, sin actas, en las que no queda reflejada claramente la postura de cada uno, y en las que al final se pretenden alcanzar acuerdos sin saber muy bien cómo ni por qué, opinamos que la buena fe que debe reinar en este tipo de negociación queda en entredicho. Si a esto añadimos la cantidad de tiempo y esfuerzo dedicada a unos pocos artículos con la dedicada a todo el resto queda todavía en peor lugar.
A la vista de la próxima convocatoria de comisión negociadora del día 26, en la que el punto principal del orden del día es la aprobación del preacuerdo, pero en la que se permite hacer las aportaciones que consideremos oportunas, CGT, no quiere dejar pasar la oportunidad de presentar una serie de propuestas que en ningún caso constituyen un elenco cerrado ni en número ni en contenido, sino la puesta en conocimiento a la mesa dónde las mismas, u otras se deben negociar.
Esta aportación se realiza precisamente en este momento porque no ha sido nuestra intención en ningún momento la de perturbar el avance de la negociación aunque fuera en un sentido del que no nos sentíamos parte pero del que inevitablemente hemos participado para que por nuestra parte no se viera perjudicada la buena fé. Por lo que casi podríamos concluir que no nos ha quedado más opción.
Hemos sido conscientes desde el principio del marco en el que nos movíamos, pero no por ello podemos admitir que una recesión económica pueda servir como excusa para una recesión social. Las mejoras sociales no son incompatibles con el momento económico actual, y más aún en la Administración pública que debería ser ejemplo de avance social. En este sentido es dónde se encuadran nuestras reivindicaciones, principalmente en la conciliación de la vida laboral y familiar, pero también en otras cuya cuantía económica es ínfima en relación a su repercusión social.
Queremos hacer también una breve valoración de los puntos tratados hasta ahora y que vienen contenidos en el preacuerdo. Cómo hemos repetido en numerosas ocasiones, un pacto por el empleo no debe limitarse a garantizar la plantilla actual sino que debe tener un pronunciamiento claro y contundente respecto de la funcionarización, porque es una demanda social y porque ello dotaría a esta plantilla de una estabilidad que después de tantos años es ya merecida. Respecto de la movilidad, entendemos que es un requerimiento dado por la necesidad de una administración más eficaz y más eficiente, pero opinamos que eficacia y eficiencia deberían haber estado siempre presentes, y a todos los niveles, no sólo respecto del personal de instalaciones deportivas, y que eso no ha sido así.
La movilidad podría tener cabida en el marco de la recuperación de instalaciones deportivas en las que ha quedado claro que la gestión indirecta ha resultado ser desastrosa, y en todas aquellas en las que los continuos incumplimientos de las condiciones pactadas llevan a pensar que lo serán. Si desde la FDM se hace el esfuerzo económico de asumir esas instalaciones, la plantilla asumiría la movilidad para contribuir de una manera más eficaz y eficiente a la consecución de ese fin común que es la mejor gestión del servicio público.
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